Fundación Jenkins denuncia campaña de persecución

Puebla, Pue. La Fundación Mary Street Jenkins presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables por diversos delitos federales, esto después de la negativa de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), por la negativa de cumplir diversos mandatos judiciales federales.

Mediante un comunicado emitido por dicha fundación se reitera que el pasado 16 de julio la Fundación Mary Street Jenkins obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas de forma inmediata, lo cual no ha sucedido.

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Se asegura que, ante tal desobediencia existen conductas ilícitas y distintos delitos federales, como el allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad judicial.

Además, se cita al presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), José Daniel Vázquez Millán, como responsable de imponer un patronato, que a su vez nombró a Armando Ríos Piter como rector de la UDLAP, “pasando por alto mandamientos judiciales y estatutos que rigen la vida académica de la universidad”.

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Acusa al gobierno estatal de emprender una campaña dolosa, ya que la fabricación de órdenes de aprehensión, lo que demuestra un clima de persecución, con la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la universidad.

“La fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado; por lo que además constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos”, finaliza la misiva.

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