Diálogo y respeto de acuerdos, pide AN a Lalo Rivera
Por 1 Octubre, 2021Los panistas están convencidos que ganaron la presidencia municipal de Puebla en junio y esperan ser parte de la próxima administración.
El coordinador la fracción legislativa de Acción Nacional, Eduardo Alcántara, confirmó que, entre secretarias de gabinete, direcciones, y jefaturas de departamento, son 120 perfiles propuestos por el partido para ocupar un espacio dentro de la administración encabezada por el panista Eduardo Rivera Pérez, lista que ya está en la dirigencia nacional del partido.
A dos semanas para que Rivera Pérez tome protesta, el tema tendrá que ser resuelto cuanto antes, aunque eso implique trabajar a marchas forzadas.
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“No tenemos algo, todo está sobre la mesa, estamos dispuestos a dialogar para buscar los mejores acuerdos para Acción Nacional y el municipio. Llamo a la prudencia, sé que Lalo tiene la capacidad de escuchar, la sensatez, que dialogue y evitemos la confrontación”, insistió.
Bajo este contexto, descalificó la conducta de confrontación a la que incitó Pablo Montiel Solana con sus declaraciones y pelea en redes sociales con otros panistas, por un tema que a todas luces es interno, y solo debe ser solucionado con el alcalde electo.
Calificó de “urgente” que se dé una reunión con Rivera Pérez para resolver cualquier conflicto interno que se tenga con el partido en materia de acuerdos políticos previos a la campaña.
La posición de los panistas es “ganamos, tenemos que gobernar”. La papa está caliente.
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Trabajadores de grúas denunciaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado por perder de forma intencional su documentación que los acredita en un 85 por ciento para que los dejen trabajar prestando el servicio de arrastre en la entidad, todo porque son del Movimiento Antorchista.
Israel Cerón, Héctor Rojas, Fernando Cortes, y Ovidio Celis reprobaron que la dependencia de gobierno los está dejando fuera del nuevo rol que hicieron para dar de alta a las empresas que estarían prestando el servicio en diferentes partes del estado.
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Señalaron que han intentado hablar con representantes del gobierno, ya que desde el miércoles sin notificación les cerraron tres corralones que son resguardados por policías y personal de la Secretaría de Medio Ambiente, mientras que otorgan permisos a otras empresas que no acreditan sus requisitos.
Expusieron que estas agrupaciones han trabajado desde hace 25 años en la entidad, ayudando a la economía de 150 trabajadores, y piden al gobernador Luis Miguel Barbosa que intervenga, para permitir que trabajen.
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Un nuevo asalto a una farmacia del Seguro Social se registró la madruga de ayer en la clínica 13, ubicada en la colonia Bugambilias.
Los delincuentes sometieron a los guardias de seguridad y se llevaron los medicamentos. Los delincuentes llegaron al lugar a las 4 de la mañana y tras someter a los guardias ingresaron, uno de ellos fue golpeado.
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Los hampones no forzaron ninguna puerta y no se llevaron otra cosa más que las medicinas que estaban en farmacia.
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Este asalto al IMSS en Puebla es el tercero que se da, las anteriores fueron: Clínica 55 del IMSS, ubicada en Amalucan y la Clínica 7 del IMSS, ubicada en San Bartolo
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El partido con más presencia en Quecholac es Pacto Social de Integración (PSI), según el más reciente padrón de afiliados publicado en el portal del Instituto Electoral del Estado, después de la jornada del 6 de junio.
De acuerdo con el documento del IEE, PSI cuenta con 34 mil 393 militantes, de los cuales 6 mil 419 se registraron en el municipio de Quecholac, lo que representa un 18.66 por ciento. La cifra de este municipio del Triángulo Rojo supera incluso a los 4 mil 735 militantes que están registrados en la capital del estado.
En una revisión hecha en otros municipios con alta militancia del PSI, resalta otro vinculado también con el huachicol como Palmar de Bravo, que tiene mil 620 afiliados.
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El miércoles, un juez de control autorizó que Víctor Hugo Islas Hernández pudiera enfrentar en libertad su proceso penal por falsedad de declaraciones, pero al salir de la Casa de Justicia fue reaprehendido por el delito de violencia familiar en contra de su exesposa, la diputada Aurora Sierra.
El juez de control calificó de legal la detención ejecutada el martes y permitió que el Ministerio Público le imputara el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a la autoridad.
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El acusado y sus abogados decidieron acogerse al término constitucional de 144 horas para determinar su situación legal, por lo que el fin de semana se realizará otra audiencia para determinar si hay elementos para vincularlo a proceso.
Diez minutos después de que terminó la audiencia y cuando el exdirector del Colegio de Bachilleres del estado se disponía a salir de la Casa de Justicia en la 11 Sur, agentes de la Fiscalía General del Estado ya lo estaban esperando. Su proceso ante la ley apenas comienza y hay mucha tela de donde cortar.
*ARD
