Con ley, Morena busca proteger a funcionarios poblanos en peligro por amenazas

Puebla, Pue. El diputado local Julio Huerta Gómez anunció que propondrá una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla para que funcionarios públicos amenazados reciban protección permanente las 24 horas del día, siempre que se compruebe que enfrentan una situación de “riesgo inminente”.

El legislador explicó que la iniciativa establecerá un procedimiento de evaluación de riesgo para los funcionarios que denuncien amenazas, a fin de determinar el nivel de peligro y el número de elementos policiales que se les asignarán como parte de su resguardo.

“Buscaré la creación de un capítulo en la Ley de Seguridad Pública del Estado para que se considere la protección a funcionarios en riesgo inminente, como regidores, presidentes municipales y diputados, que enfrentan amenazas por fortalecer la seguridad en sus municipios”, declaró Huerta Gómez.

Caso Eloxochitlán y Huixcolotla detonó la propuesta

El morenista detalló que la propuesta surgió tras conocerse que los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán solicitaron protección estatal luego de recibir amenazas directas. En el municipio de Eloxochitlán, recordó, dos policías fueron ejecutados, lo que evidenció la vulnerabilidad de las autoridades locales ante grupos delictivos.

Huerta señaló que la Secretaría de Seguridad Pública debe ser la encargada de proporcionar escoltas y medidas de resguardo, sin necesidad de que las solicitudes se tramiten desde el Congreso local.

“El Poder Ejecutivo debe atender de inmediato las peticiones y garantizar la integridad de los funcionarios que están en riesgo”, enfatizó.

Seguridad, prioridad para autoridades locales

Con esta reforma, el diputado busca que el Estado cuente con un mecanismo formal y permanente de protección a funcionarios, en especial para quienes encabezan municipios con alta incidencia delictiva.

De aprobarse, la modificación representaría un paso clave para fortalecer la seguridad pública en Puebla y proteger la vida de quienes trabajan en la administración local, expuestos a la delincuencia organizada o a represalias por su labor.

*BC