ONU y OEA atentos a México por falta de resolución sobre prisión preventiva oficiosa

Al no definir claramente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pone a México en riesgo de enfrentar un proceso de responsabilidad internacional por incumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023. Internamente, la falta de resolución mantiene a cientos de personas en prisión mientras sus procesos legales quedan suspendidos.

Simón Hernández, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, explicó que en noviembre de 2025 México deberá entregar un informe a la CIDH sobre cómo ha cumplido la sentencia. Para el próximo año, el tribunal evaluará el cumplimiento y podría instar a México ante la Asamblea General de la OEA si considera que ha incumplido.

“México históricamente ha colaborado con el Sistema Interamericano. Nunca ha tenido una postura confrontativa. Pero en este caso, todo indica que las autoridades no cumplirán, y la Corte Interamericana probablemente hará un llamado más enérgico”, señaló Hernández.

 

Comparación con otros países

Este tipo de situaciones se ha presentado solo en estados con alteraciones constitucionales internas, como Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori o Venezuela al final del gobierno de Hugo Chávez, destacó el experto.

Tras la sentencia de la CIDH, la Corte ordenó pausar los amparos presentados por personas sujetas a PPO hasta que la SCJN resolviera, dejando a muchos internos en una situación legal incierta. Hernández enfatizó que los afectados son personas privadas de su libertad por decisiones judiciales arbitrarias o deficientes, quienes veían los amparos como una posible vía de liberación.

Repercusiones en el sistema penitenciario

La falta de resolución también agrava problemas históricos de los penales, como hacinamiento, sobrepoblación, autogobierno y corrupción. La CNDH ha señalado que los mayores desafíos en los 14 centros federales incluyen la falta de personal de seguridad y la atención a personas adultas mayores.

Hernández subrayó que la discusión sobre la PPO se ha centrado en política, cuando el foco debería estar en la eficacia de las fiscalías para proteger a víctimas y justificar la medida cautelar cuando realmente se requiere.

“La aplicación automática de la prisión preventiva distorsiona el sistema de justicia. Se fomenta la fabricación de delitos, se investigan mal los casos reales y se dificulta garantizar reparación a las víctimas”, explicó.

Según México Evalúa, los delitos que ameritan PPO pasaron de seis en 2008 a 23 en 2025, incluyendo 16 agregados entre 2019 y 2025, lo que evidencia la presión sobre el sistema judicial y penitenciario.

Derechos humanos y riesgos internacionales

El retraso de la SCJN coloca a México en una posición delicada ante organismos internacionales. El incumplimiento de la sentencia de la CIDH podría derivar en intervenciones de la ONU y la OEA, lo que representaría un desafío para un país que históricamente ha mostrado respeto y colaboración con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El caso pone de relieve la necesidad de un equilibrio entre seguridad, justicia y derechos humanos, asegurando que la prisión preventiva oficiosa no se convierta en una medida automática que afecte garantías fundamentales.

Con información de La Razón

*BC