El Congreso solicitó a la FGR detención de “El Toñín” y la destitución de su hija como edil de Quecholac

Puebla, Pue. El Congreso de Puebla aseguró que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, tomará medidas contra Antonio Valente, alias “El Toñín”, mientras la LXII Legislatura permanece a la espera de recibir la solicitud formal para analizar la posible destitución de Guadalupe Martínez, alcaldesa de Quecholac.

El diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso, y el legislador Julio Huerta insistieron en que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Fiscalía General de la República (FGR) deben actuar ante las actividades delictivas atribuidas a Antonio Valente Martínez, investigado desde 2017 por presuntos vínculos con el robo de combustible en la zona del Triángulo Rojo.

Ambos legisladores respaldaron el posicionamiento del gobernador Alejandro Armenta Mier al señalar que en Puebla no pueden mantenerse impunes personajes relacionados con el huachicol que, además, lanzan amenazas a funcionarios haciéndose pasar por “líderes agricultores”.

Los diputados recordaron que el Congreso está a la espera de que llegue la petición oficial para evaluar la remoción de Guadalupe Martínez, presidenta municipal de Quecholac e hija de “El Toñín”.

Julio Huerta calificó como “inadmisible” que un presunto delincuente se refiera con “altanería y teatralidad” al secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien atendió las denuncias de violencia política de género presentadas por la alcaldesa.

“Hasta donde sabemos, no existe ninguna acción jurídica contra el secretario de Gobernación. El único lugar para un delincuente es la cárcel”, sostuvo el legislador morenista.

Agricultores convertidos en delincuentes desde 2012

Pável Gaspar recordó que el robo de combustible se arraigó en Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, cuando el huachicol penetró municipios del Triángulo Rojo como Acajete, Tepeaca, Huixcolotla, Tecamachalco, Acatzingo, Palmar de Bravo y Quecholac.

El legislador afirmó que en ese periodo muchos agricultores cambiaron su actividad debido a la protección institucional que permitía la perforación ilegal de ductos.

“Mis amigos campesinos sembraban nopal y durazno. Todo cambió cuando llegaron autoridades que ofrecían abrir una toma por 50 mil pesos. Ese fue el origen de una cadena de complicidades que hoy explica amenazas como las de ‘El Toñín’”, señaló.

*BC