Comunidad indígena de Azumiatla denunció intento de despojo de 400 hectáreas
Por 25 Septiembre, 2025Puebla, Pue.– La comunidad indígena náhuatl de San José Zetina denunció este jueves un operativo de desalojo en el que participaron alrededor de 500 policías estatales. El procedimiento, señalaron, responde a la orden de “Restitución de Inmueble Provisional de la Ex Hacienda San José Zetina”, dentro de una carpeta de investigación abierta en 2022.
Un conflicto agrario que vulnera derechos
El operativo buscaba recuperar 13.8 hectáreas en el paraje Santa Rita, pero los comuneros sostienen que constituye un acto de desplazamiento forzado impulsado por intereses de la empresa Inmobiliaria VAZUR S.A. de C.V.. La comunidad teme que los terrenos sean usados para fraccionamientos y un santuario privado.
El representante Félix Martínez Escalona aseguró que los terrenos fueron comprados legalmente por su abuelo en 1937. Sin embargo, en 2006 un familiar vendió parte de las tierras de forma irregular a la empresa Vértigo, utilizando documentos que hoy consideran fraudulentos.
Desde entonces, las tierras han sido objeto de litigios con inmobiliarias como Vértigo, Vassur y Proyecta, mientras que autoridades locales han sido señaladas por omisión o complicidad.
Proceso judicial con múltiples suspensiones
El caso se encuentra en el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro. Entre los antecedentes más relevantes destacan:
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Vinculación a proceso de nueve personas en noviembre de 2023 por despojo.
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Suspensión de audiencias en octubre de 2024 tras denuncias contra el juez y el Ministerio Público.
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Recusaciones de dos jueces y constantes cambios de defensa en 2024 y 2025.
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Suspensiones por fallas técnicas, ausencia de defensores y solicitudes de cambio de abogados.
Las constantes dilaciones llevaron al actual juez, Salvador Hernández Martínez, a advertir multas de hasta 250 UMAS por nuevos aplazamientos injustificados.
Demandas de los comuneros
Los habitantes de San José Zetina plantearon cuatro exigencias prioritarias:
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Detener el acoso judicial y policial.
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Reconocer sus títulos de propiedad.
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Garantizar su seguridad e integridad.
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Terminar con la presunta colusión entre autoridades y empresas inmobiliarias.
Petición al gobierno estatal
La comunidad pidió la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier y de la sociedad civil organizada para garantizar el respeto a sus derechos. Aseguraron que no buscan la confrontación, sino el reconocimiento pleno de sus tierras como propiedad legítima y ancestral.
“Este no es un conflicto aislado; es parte de un intento de despojo sistemático contra comunidades originarias”, afirmó Martínez Escalona.
*BC
