Más de mil 300 detenidos por crimen organizado, pero sólo 7% va a juicio

Más de mil 300 detenidos por crimen organizado, pero sólo 7% va a juicio

Sólo 98 personas fueron procesadas por crimen organizado en los últimos tres años

Por 
Arturo Ángel
13 de Diciembre de 2019 05:15 pm

En los últimos tres años más de mil 300 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por sus presuntos vínculos con actividades del crimen organizado en México. Pero de todos ellos, apenas el siete por ciento (98) fueron procesados por ese delito.

Así lo evidencian estadísticas oficiales de la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR obtenidas por Animal Político a través de una solicitud de transparencia.

La información muestra que, si bien más del 90 por ciento de las personas detenidas en este lapso sí fueron sometidas a un proceso penal, en la mayoría de los casos se les abrió por un delito menor como portación de algún arma o de sustancias ilegales, pero sin ligárseles con actividades de crimen organizado.

Esto es relevante no sólo porque las penas son mucho menos graves si los detenidos llegan a ser declarados culpables, sino porque los casos terminan ante el juez como hechos aislados, sin que se pruebe y se conozca jurídicamente sobre la operación de las redes criminales organizadas ni su supuesta desarticulación.

En números exactos, de acuerdo con la información entregada por la SEIDO, de enero de 2017 a septiembre de 2019 fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público Federal un total de mil 342 personas por presuntos vínculos con grupos y/o actividades de delincuencia organizada.

En este mismo lapso la SEIDO reportó únicamente a 98 personas vinculadas a proceso, por actividades criminales organizadas contempladas dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y que pueden ir desde operaciones con recursos de procedencia ilícita, hasta narcotráfico, trata de personas, secuestros, entre otros.

Lo anterior equivale apenas a una proporción del 7.3 por ciento de personas procesadas por crimen organizado, en comparación con el total de personas que fueron detenidas por ese mismo motivo. Dicho de otra forma: en promedio apenas siete de cada cien personas detenidas por delincuencia organizada fueron procesadas por un juez, por este tipo de delito.

Los datos de la SEIDO también muestran que en este periodo hubo mil 177 personas que fueron vinculadas a proceso por algún delito, pero no por crimen organizado. Es decir, son presuntos delincuentes sometidos a proceso por cualquier tipo de delito federal como trafico de drogas o lavado de dinero, pero sin que se les relacione judicialmente con una actividad organizada o a gran escala.

 

Muchos detenidos, poca efectividad

La SEIDO proporcionó –a petición de este medio– el registro completo de las personas en contra de las que ha procedido durante los últimos dos sexenios, así como el resultado de todos esos procesos. La información se entregó parcialmente.

De acuerdo con la estadística proporcionada, desde diciembre de 2006 a septiembre pasado la SEIDO procedió penalmente en contra de 31 mil 163 personas por diversos delitos, sin detallar específicamente (con excepción de los últimos tres años) en cuántos fue por delincuencia organizada y en cuántos por otros delitos.

Se trata de personas en contra de las cuales el Ministerio Público de la Federación consideró que tenía evidencias para imputarles algún cargo ante un juez.

Pero en ese mismo lapso los jueces federales sólo dictaron auto de formal prisión (viejo sistema penal) o de vinculación a proceso (nuevo sistema) en contra de 16 mil 705 personas.

Lo anterior significa que, en promedio, una de cada dos personas en contra de las cuales intentó proceder la SEIDO no fueron sometidas a un proceso penal, ya que los jueces consideraron que no había evidencia suficiente para ello, y por lo tanto fueron puestas en libertad.

De lo que la subprocuraduría no proporcionó dato alguno fue de la cantidad de personas que recibieron sentencia condenatoria, tras haber sido procesadas. No obstante, la Fiscalía si entregó a través de otra área esta información, pero sólo en relación con personas detenidas en algunos estados.

Los números muestran que, de un total de un total de dos mil 181 personas detenidas en 22 entidades federativas y vinculadas a proceso por delincuencia organizada, en el periodo de doce años y medio ya mencionado, un total de 485 terminaron con una sentencia condenatoria.

Esto equivale a un promedio de apenas un 22.2 por ciento de las más de dos mil personas procesadas que terminó con sentencia condenatoria por cargos de crimen organizado.

 

Casos complicados

De acuerdo con exfuncionarios que han estado en la Procuraduría General de la República (hoy FGR), el reducido número de personas procesadas exitosamente por delitos de delincuencia organizada se explica porque son casos complejos de integrar, ya que además de probar que el imputado participó en un delito (secuestro, narcotráfico, o lavado por ejemplo), hay que evidenciar que se cometió en contubernio con más personas.

“Es un delito grave porque es una actividad que, como dice la ley, se comete por más de tres personas que se ponen de acuerdo para perpetrarlo de forma reiterada, que tienen una organización donde hay jerarquías, donde se cumplen roles. Para ello necesitas un cúmulo probatorio, concatenar evidencias. No es sencillo”, indicó un exsubprocurador cuyo nombre se reserva a petición de él mismo.

De acuerdo con el exfuncionario, en muchas ocasiones el Ministerio Público opta por una ruta más sencilla, que es la de imputar sólo el delito simple o una organización menos compleja (como asociación delictuosa donde no es necesario probar que se actúa repetidamente ni las jerarquías específicas), para asegurar la probabilidad de una posible sentencia y reducir el riesgo de exoneración.

Un ejemplo público de una situación de este tipo fue el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien se vinculó a proceso originalmente por lavado de dinero y delincuencia organizada pero luego este último fue modificado por el de asociación delictuosa.

El entonces subprocurador Felipe Muñoz reconoció en una entrevista que se optó por cambiar el delito, ya que había complicaciones para reunir la evidencia necesaria que probara el cargo de crimen organizado, situación que ponía en riesgo todo el juicio. El cambio al ilícito de asociación delictuosa le permitió además a Duarte declararse culpable y ser condenado.

No obstante, lo anterior significó que una pena de prisión que pudo haber superado los 25 años de cárcel, terminara reducida a nueve años.

El exfuncionario consultado explicó que con el nuevo sistema penal se hizo aun más complejo construir un caso sólido de delincuencia organizada, sobre todo si se carece de una buena investigación previa. Esto ya que los tiempos con dicho sistema son más breves, y a que cualquier evidencia debe ser presentada y defendida en una audiencia pública. El nivel de exigencia procesal es mucho más alto.

Con el sistema penal anterior tampoco había una garantía de éxito en cuanto a obtener una condena, pero sí resultaba mucho más sencillo para la PGR privar de su libertad a personas con la sola sospecha de pertenecer a grupos del crimen organizado. Esto derivó en abusos como el arraigo de personas que llegaba a extenderse hasta seis meses, sin que fueran presentadas ante un juez, o el encarcelamiento de presuntos culpables por años para que a final de cuentas fueran declarados inocentes.

Uno de los fracasos más evidentes de esto fue la llamada “Operación Limpieza”, implementada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, y que derivó en el encarcelamiento de numerosos funcionarios por “sospechas de crimen organizado”, entre ellos el del exdirector de Interpol México, Rodolgo de la Guardia García, o del exsubsecretario de la Defensa Tomás Ángeles Dauahare.

Se trató de personas que estuvieron en prisión desde uno hasta cinco años pero que a la postre, y gracias a la interposición de demandas de amparo, fueron absueltos por falta de pruebas.

Lo que quedó al descubierto con esos casos es que la PGR construyó a través de la SEIDO acusaciones de delincuencia organizada “sustentadas” en declaraciones de testigos protegidos (muchos de ellos delincuentes), pero sin que hubiera otras evidencias que las confirmaran. En la mayoría de los casos esos dichos resultaron totalmente falsos.

 

Con información de Animal Político

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